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Necesidad de implantación de un Programa de Cumplimiento Normativo penal en las empresas (II)

DELITOS QUE PUEDEN COMETER LAS PERSONAS JURÍDICAS En la actualidad los tipos delictivos en los que pueden incurrir las personas jurídicas, son de índole variada y van desde el tráfico de órganos, hasta la financiación…

DELITOS QUE PUEDEN COMETER LAS PERSONAS JURÍDICAS

En la actualidad los tipos delictivos en los que pueden incurrir las personas jurídicas, son de índole variada y van desde el tráfico de órganos, hasta la financiación del terrorismo. Aunque los delitos que con más frecuencia puede cometer una persona jurídica son los de índole económica: estafas, insolvencias punibles, fraude a Hacienda y Seguridad Social, sobornos, cohechos o tráficos de influencia entre otros.

En posteriores trabajos desarrollaremos, con más detalle, un catálogo de delitos que incluirá la pena prevista y el artículo del código penal donde se recoge.

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Además de las penas que se recogen para cada uno de los delitos específicamente tipificados por el código penal, el art. 33.7 del Código Penal, establece la posibilidad de aplicar las siguientes penas,

a) Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.

b) Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

c) Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

d) Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuese temporal, el plazo no podrá exceder de quince años.

e) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años.

g) Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

Así mismo, se prevé que el Juez de Instrucción pueda adoptar como medida cautelar: la clausura temporal de los locales, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial.

LEY ORGANICA 1/2015, de 30 de MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGANICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE DEL CODIGO PENAL.

La nueva redacción del referido artículo 31 bis, introducida por la Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo, publicada en el B.O.E. del día siguiente, recoge una importante modificación con respecto a la redacción anterior.

Esta establece una exención de responsabilidad penal para aquellas personas jurídicas que hayan adoptado con eficacia, antes de la comisión del delito, un modelo de organización y gestión que incluya las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza, o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

También incluye la supervisión del funcionamiento y cumplimiento del modelo de prevención implantado, confiado a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control, o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica. (Este último inciso ha sido añadido durante la tramitación en el congreso, puesto que no se encontraba en el proyecto de reforma que fue remitido en su día).

Estas condiciones de exención se establecen para el caso en el que el delito haya sido cometido en nombre y por cuenta de las personas jurídicas y en su beneficio directo, o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, estén autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostenten facultades de organización y control dentro de la misma. (art. 31 bis.1.a).

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Si el delito lo hubiera cometido quien estando sometido a la autoridad de las personas físicas (mencionadas en la letra a) del artículo 31 bis, al que nos acabábamos de referir) hubiera podido realizar los hechos, por haberse incumplido gravemente aquéllos deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad, atendidas las concretas circunstancias del caso, la exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se producirá si antes de la comisión del delito, la persona jurídica ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa su comisión.

La introducción de la exención de responsabilidad penal para aquellas personas jurídicas que implanten en los términos vistos programas de cumplimiento penal, supone una importante novedad.

En cuanto al régimen anterior, puesto que si la persona jurídica está exenta de dicha responsabilidad en el supuesto de que haya adoptado las medidas que acabamos de ver, con anterioridad la comisión del delito, la consecuencia en el ámbito procesal, es que ni tan siquiera debería llegarse a producir la imputación en la fase de instrucción. Algo que ahorrará muchos costes a la empresa, como por ejemplo, en reputaciones (pena de banquillo).

D. Víctor García García
Socio Director de Lex Defense (@LexDefense)

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